MASSACHUSETTS EE.UU.- La dominicana Jennifer González, de 43 años, acusada de presuntamente liderar una red de matrimonios fraudulentos organizaba entre 18 y 20 matrimonios falsos al año, por los que cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares, según Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts explicó que González fue arrestada este miércoles, acusada de dirigir una organización dedicada a concertar matrimonios simulados entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en situación migratoria irregular, con el objetivo de facilitar la obtención fraudulenta de un estatus migratorio legal.
Según la acusación, los extranjeros pagaban a González para conseguir cónyuges estadounidenses y posteriormente presentar documentación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), con la finalidad de regularizar su situación migratoria.
La Fiscalía sostiene que González presuntamente pagaba a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para contraer matrimonio con sus clientes, mientras que Amara Pugh desempeñaba funciones de secretario dentro de la organización.
Instrucciones para aparentar matrimonios legítimos
De acuerdo con las investigaciones federales, González supuestamente instruía a los participantes sobre cómo aparentar relaciones matrimoniales auténticas, mediante la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida y la toma de fotografías como pareja.
La Fiscalía indicó que también les explicaba que debían esperar entre tres y cuatro meses para reunir suficiente documentación antes de presentar las solicitudes migratorias.
Asimismo, los documentos judiciales establecen que los extranjeros debían firmar contratos para garantizar el pago de los servicios y que, presuntamente, entregaban 500 dólares mensuales a sus cónyuges asignados o a personas cercanas a estos para mantener los matrimonios ficticios.
Grabaciones y contratos bajo investigación
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts informó que, durante la investigación, González fue captada en grabaciones de audio y video mientras dirigía la impresión y firma de un supuesto contrato de préstamo y recibía 3,000 dólares en efectivo como parte del pago por organizar uno de los matrimonios.
Según el expediente, la acusada habría explicado que evitaba mencionar al cónyuge en los documentos porque hacerlo sería “incriminatorio”, y que los contratos estaban diseñados para ocultar el verdadero propósito de las transacciones.
Las autoridades federales también documentaron fotografías de supuestas bodas y encuentros sociales organizados entre los participantes, que presuntamente eran utilizados para respaldar las solicitudes migratorias fraudulentas.
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema habría operado durante más de diez años en Massachusetts y generado ingresos millonarios, mediante la organización de matrimonios simulados para ciudadanos extranjeros que buscaban obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos.
